El gobierno autonómico se encuentra en proceso de investigación de más de 50 procedimientos relacionados con los viveros flotantes en aguas gallegas. Todo ello va de la mano de las solicitudes de traslado de ubicaciones que piden los operadores de buques mejilloneros, que tienen la intención de abandonar las zonas menos productivas debido a que partes de los siete ríos de la región son proclives a la acumulación de biotoxinas marinas.
El Tribunal Superior de Justicia español ha experimentado recientemente un aumento importante en el número de solicitudes de traslado por parte de viveros flotantes de mejillones, que pretenden reubicar sus parques e introducir cambios en su producción, así como de cultivadores de ostras, que pretenden diversificar su actividad y centrarse en la producción de mejillones.
Tras los casos se dan situaciones en las que los barcos no se ajustan al punto exacto de fondeo que ocupan con el fin de pasar por encima de otras empresas rivales y esquivar los controles administrativos para conseguir mejores ubicaciones en estuarios y aguas profundas, donde las condiciones de alimentación favorecen un crecimiento más rápido de los mejillones y una mayor producción.
Las biotoxinas pueden provocar problemas en los ríos, razón que llevó a Rosa Quintana, consejera gallega a cargo de la delegación de pesca de la región, a llevar a cabo una reorganización del proceso de cultivo del marisco y a replantear un plan de ordenación de los cultivos marítimos. Se trata de un proyecto de ordenación integral de la acuicultura mediante la delimitación y caracterización de las zonas aptas para los cultivos marinos.
Además, el plan va a regular las especies permitidas, compatibles y prohibidas, incluidas las suspensiones cautelares mientras se plantea la reubicación de viveros. Se contempla una preventiva en vigor hasta que la Administración y el conjunto del sector estén en condiciones de afrontar una ordenación racional de los cultivos.
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