La corrupción, la codicia y la conducta delictiva por parte de pescadores, comerciantes y gerentes de las pesqueras han generado una sobreexplotación pesquera del atún rojo del Atlántico Este a lo largo de la última década, como declaró un grupo internacional de periodistas de investigación el lunes.
Varios reporteros junto con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Washington D.C., hablaron acerca de su serie de artículos y de un breve documental titulado “Looting the Seas” en el que se detalla cómo se ignoran, de manera premeditada, las normas impuestas para proteger a las especies altamente migratorias para las futuras generaciones. La serie se publicó el lunes.
“Se trata de una cadena de suministro muy compleja, con niveles de responsabilidad y complicidad en todo su recorrido”, declaró Marina Walker Guevara, una de las periodistas del ICIJ que habló con sus compañeros periodistas en la teleconferencia. “En toda la cadena de suministro, no hemos encontrado a nadie que actuara correctamente”.
La investigación llevada a cabo por los periodistas durante siete meses se centró en pescadores de 10 países del océano Atlántico del Este y del mar Mediterráneo, en “rancheros” del atún y también en los comerciantes, tanto del mercado legal como del mercado negro valorado en 4.000 millones de dólares (2.900 millones de euros). El atún rojo alcanza un precio muy alto en Japón, así que se estima que más de las cuatro quintas partes del atún capturado en estas aguas acaba en Japón.
La investigación comenzó en el momento en el que se propuso proteger a estas especies en la Convención sobre comercio internacional de especies en peligro de extinción (Convention on International Trade in Endangered Species, CITES). Las naciones miembro de esta organización rechazaron la propuesta esta primavera.
Aunque no son los únicos culpables, los periodistas afirmaron que se ha demostrado que la gestión de las especies llevada a cabo por la Comisión internacional de protección del atún del Atlántico (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, ICCAT) ha resultado ineficaz. El sistema de control de la ICCAT, un registro de numerosos papeles para realizar el seguimiento de las especies e impedir el fraude, no ha funcionado como se esperaba.
“[ICCAT] confiaba en que el sector realizaría informes precisos sobre las capturas. En aproximadamente la mitad de todas las entradas faltaba información importante que habría permitido a un organismo regulador controlar el comercio” declaró Guevara.
En el punto máximo de las prácticas pesqueras y comerciales destructivas en la región, entre 1998 y 2007, el mercado negro del atún rojo incluía más de uno de cada tres peces capturados, con valor a la baja en 400 millones de dólares (287,7 millones de euros) al año. El proyecto, que involucró a periodistas de Croacia, Francia, Italia, Japón, España y Túnez, destapó todo un repertorio de prácticas ilegales: informes en los que se falseaba el tamaño de las capturas, alquiler de aviones de reconocimiento prohibidos, captura de peces por debajo del tamaño permitido y comercio con las cuotas de pesca.
“Todo el mundo estafaba” comentó Roger Del Ponte, capitán de un barco de pesca francés, al ICIJ. “Había normas pero ninguno las respetábamos”.
Los organismos de regulación del atún rojo se reúnen en París el 17 de noviembre para determinar las cuotas de pesca para 2011.
La serie completa del ICIJ sobre el atún rojo se encuentra disponible en www.icij.org. El ICIJ es un proyecto del Center for Public Integrity (Centro para la integridad pública).
Todos los artículos del entorno y sostenibilidad >