Representantes de la industria de pescados y mariscos de Tailandia y del gobierno tailandés se reunieron con reporteros y el público hoy en un seminario especial durante la “Seafood Expo North America” para responder a las críticas que indican que el gobierno no ha hecho lo suficiente para combatir el trabajo forzado y la trata de personas en la industria pesquera.
En una serie de presentaciones de dos horas el 17 de marzo, los ponentes describieron nuevas políticas, programas de formación y leyes que rigen la ordenación pesquera, todo diseñado para mejorar el seguimiento de los buques y los trabajadores, asegurando que se paga adecuadamente y a tiempo a los trabajadores, y que los trabajadores no sufren ningún tipo de violencia física.
“Los trabajos forzados y el trabajo infantil son nuestra máxima prioridad”, afirmó Saroj Thanasunti, jefe adjunto de misión de la Real Embajada de Tailandia en Washington, que inauguró el seminario.
La imagen de la industria ha sufrido una serie de golpes, especialmente de la organización sin ánimo de lucro “Fundación de Justicia Ambiental”, que ha publicado varios informes desde junio de 2013 en los que refleja que los trabajadores, especialmente los inmigrantes procedentes de la vecina Myanmar, son engañados para trabajar en barcos pesqueros donde son forzados a trabajar durante largas horas por muy poco dinero o sin ninguna remuneración.
Con frecuencia, según los informes de la fundación, los trabajadores son transferidos de una embarcación pesquera a otra en el mar, por lo que no tienen oportunidad de escapar en una vuelta a puerto, y algunos trabajadores son golpeados y lanzados por la borda si muestran rechazo a su trato.
En 2013, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe anual sobre Tráfico de Personas, que situó a Tailandia en la lista de observación en la categoría 2. Lo que significa que Tailandia ha mostrado un esfuerzo por controlar el tráfico, pero que todavía hay ahí un problema importante.
Ha sido el cuarto año que a Tailandia se le ha dado esa designación, lo que significa que este año el departamento debe decidir si subir a Tailandia de la categoría 2, o bajarla a la categoría 3, lo que abriría la opción de imponer sanciones comerciales al país.
En sus comentarios, Thanasunti indicó que el gobierno no ha acabado todavía con el problema, pero añadió que sentía que las nuevas medidas que se están poniendo en marcha han logrado grandes avances. “Aunque aún queda mucho por hacer, estoy contento porque hemos trazado el camino adecuado”, afirmó.
Las nuevas leyes, que el gobierno tailandés describió como “Buenas prácticas de trabajo”, son el resultado de un proceso que comenzó en 2011, según Waraporn Prompoj (en la imagen), especialista en asuntos internacionales de pesca para el Ministerio de Pesca de Tailandia.
El gobierno trabajó coordinando sus esfuerzos con varias asociaciones y grupos de la industria, afirmó. Las leyes finalmente empezaron a tomar forma en 2012, y entraron en vigor el 16 de septiembre de 2013. Ya hay 97 plantas procesadoras de pescado que cumplen las nuevas leyes, afirmó.
“Hemos trabajado muy duro entre los últimos dos y tres años”, afirmó. Para los barcos de pesca, las nuevas regulaciones incluyen la instalación de sistemas a bordo de monitoreo en todas las embarcaciones pesqueras tailandesas que operen en aguas extranjeras. Los trabajadores deben estar estrictamente documentados en la lista de embarque, incluyendo una identificación de la huella dactilar de todos los trabajadores. Prompoj afirmó que otros oficiales del gobierno eran responsables de supervisar las nuevas normas, pero que idealmente afirmó que le gustaría ver que las directrices se establezcan plenamente para las embarcaciones pesqueras en junio, con una total implementación a finales de año.
Panisuan Jamnarwej, presidente emérito de la Asociación Tailandesa de Productos Congelados, insistió en que poner en práctica iniciativas que haga que los trabajadores se sientan a salvo y seguros es bueno para los negocios, porque hace que los trabajadores sean más productivos.
“De verdad queremos que nuestros trabajadores sean felices”, afirmó. Brian Wynn, miembro del Comité Ejecutivo del Instituto Nacional de Pescado (NFI por sus siglas en inglés), afirmó que apoya al gobierno tailandés y sus esfuerzos para encargarse del problema.
“Sabemos que estás trabajando para abordar este tema, y apreciamos el progreso que has realizado”, afirmó.
Wynn afirmó que instó a los miembros de las compañías del NFI a participar en la evaluación del riesgo real, así como en la verdadera formación de los directivos y en el uso de cláusulas en los contratos que prohíban específicamente esta práctica.
“Todavía hay mucho trabajo por hacer”, afirmó.
March 21, 2014
