El conflicto diplomático entre España y Reino Unido con Gibraltar se ha intensificado este verano, tras el lanzamiento por parte de las autoridades del Peñón de setenta bloques de hormigón en aguas próximas a Gibraltar, indignando a la industria pesquera española que cuestiona la legalidad de la acción.
Los bloques, descritos por las autoridades gibraltareñas como parte de la instalación de arrecifes artificiales, imposibilitan la actividad a la flota española que suele faenar en la zona. Por su parte, el gobierno Español rechaza esta explicación.
Así, el Ministerio de Agricultura español presentó ante la Fiscalía de Medio Ambiente una denuncia elevada a la comisión Europea para su estudio, tal y como informaron desde el propio departamento. Según se ha publicado en distintos medios de comunicación españoles, la UE analizará y determinará si los bloques de hormigón son legales.
Los principales afectados son los pescadores de La Línea y Algeciras. El secretario de la Federación de Pescadores de Andalucía, Jorge Campos, afirmó a Seafood Source que unas 300 familias se ven perjudicadas y que con esta medida “se imposibilita de forma definitiva las habituales faenas pesqueras que se venían realizando en la zona desde hace muchos años”, afirmó.
Campos rechaza calificar a los bloques como “arrecifes artificiales” al no haber habido ningún estudio biológico conocido, ni una consulta previa al menos al sector pesquero afectado. Postura respaldada por el gobierno español que considera que el vertido de bloques “se ha hecho sin ningún control, autorización ni estudio ambiental previo. Y ha causado la destrucción del caladero de pesca”, tal y como informaron desde el departamento de agricultura.
Las tiranteces vienen de lejos, y es que los problemas de la flota española con las autoridades gibraltareñas han sido reiterados. Campos afirmó que “han sido constantemente molestados e invitados a dejar de faenar en la zona”, aunque desde la firma del acuerdo en 1999 se había continuado faenando sin mayores problemas que esos, situación que cambió tras el cambio de gobierno en Gibraltar en diciembre de 2011, cuando Peter Caruana tras casi 16 años como primer ministro fue derrotado en las urnas.
“A partir del cambio de Gobierno en Gibraltar, se empezaron a incrementar las intervenciones de la policía gibraltareña”, afirmó Campos.
Desde la Federación señalaron que la flota que faena allí tiene una licencia de pesca para poder pescar en aguas del mediterráneo y en ella no se menciona ninguna exclusión de ninguna zona.
Desde la Federación destacaron el hecho de que precisamente “la ciudad que provoca la situación, Gibraltar, no tiene ningún tipo de flota pesquera”. The diplomatic spat between Spain and the United Kingdom over Gibraltar has strengthened this summer, after 70 concrete blocks were dropped by the authorities of the Rock into the waters near Gibraltar, angering the Spanish fishing industry and calling into question the legality of the action.
